Tucumana estafó con casas, vehículos y puestos de trabajo: acordó un año de prisión efectiva

Una mujer de 59 años acordó una condena de un año de prisión de cumplimiento efectivo por cinco hechos de estafa cometidos entre 2022 y 2026. Según la investigación, ofrecía viviendas sociales, vehículos recuperados del delito y gestiones para acceder a puestos laborales a cambio de dinero, pero las promesas nunca se concretaban.
El acuerdo de juicio abreviado fue celebrado entre la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo del fiscal Diego Alejo López Ávila, representado por la auxiliar fiscal Emely Rafael, y la acusada, Nancy Rossana Zelaya. El convenio fue firmado el 18 de noviembre de 2026 y contempla, además, una reparación económica total de $2.500.000 para los damnificados.
Promesas de casas, vehículos y trabajo
De acuerdo con la investigación, Zelaya, quien se desempeñaba como empleada administrativa del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, habría aprovechado vínculos personales, espacios de militancia barrial y ámbitos religiosos para ganarse la confianza de las víctimas y solicitarles dinero en efectivo o mediante transferencias.
Uno de los engaños consistía en ofrecer viviendas sociales o adjudicaciones en Lomas de Tafí, a cambio de pagos por supuestos trámites, gestiones con abogados, conexiones de medidores y visitas de asistentes sociales. Sin embargo, las casas nunca fueron entregadas.
Los informes incorporados a la causa establecieron que ni la acusada ni los contactos que mencionaba pertenecían al Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU). Desde ese organismo también aclararon que no trabajan con gestores para la adjudicación de viviendas.
Otra de las maniobras investigadas involucraba vehículos y maquinaria. La mujer prometía conseguir rodados recuperados del delito, entre ellos una camioneta y un tractor que supuestamente se encontraba en Delfín Gallo. Para ello, invocaba contactos con policías y autoridades de Transporte y pedía dinero por sellados, trámites y la VTV, aunque los bienes nunca eran entregados.
También se le atribuyó haber ofrecido gestionar un puesto de auxiliar en una escuela a cambio de dinero, además de intervenir en la obtención de un crédito financiero que habría sido solicitado bajo el argumento de afrontar gastos médicos propios y de un familiar. Según la acusación, posteriormente las cuotas no fueron abonadas en los términos acordados.
Las pruebas y la pena acordada
La causa se sustentó en las denuncias de los damnificados, conversaciones y audios de WhatsApp, comprobantes de transferencias, recibos, informes de organismos públicos y el análisis forense del teléfono celular secuestrado a la acusada.
Para establecer la pena de un año de prisión efectiva, la Fiscalía consideró como agravantes la cantidad de víctimas, el abuso de confianza y la prolongación de los engaños. Como atenuantes, tuvo en cuenta que la mujer no registra antecedentes penales computables y que confesó los hechos, lo que permitió avanzar mediante un juicio abreviado y evitar la realización del debate oral.
El acuerdo también contempla el pago de $2.500.000 en concepto de reparación económica, distribuido entre los damnificados, el decomiso del teléfono celular secuestrado para destinarlo a una función social y el pago de las costas del proceso por parte de la imputada.
La propuesta establece, además, que si el juez admite el convenio, el fallo quede firme en la misma audiencia.
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