La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresó su rechazo al plan de retiros voluntarios que impulsa el Gobierno nacional para empleados de la Administración Pública Nacional y advirtió que podría avanzar con medidas de fuerza para frenar su implementación. La iniciativa alcanzaría a más de 21.000 trabajadores y contempla distintas condiciones para quienes decidan adherirse.
Según la información a la que accedió el sindicato, el proyecto de decreto se encuentra en trámite bajo el expediente EX-2026-93338964-APN-CGDYD#MDYTE y podría publicarse en las próximas horas. De acuerdo con las estimaciones incluidas en el documento, el programa abarcaría a 21.187 empleados, con unas 2.187 adhesiones previstas y un costo inicial de entre $116.500 y $130.000 millones.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la propuesta y sostuvo que no se trataría de una decisión verdaderamente voluntaria, sino de una medida que, según denunció, presionaría a los trabajadores para abandonar sus puestos.
“No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social”, afirmó el dirigente. También recordó las políticas de los años noventa y advirtió sobre sus consecuencias para los empleados estatales.
Aguiar puso en duda el argumento de ahorro que, según indicó, sostiene la iniciativa. En ese sentido, cuestionó que se ofrezcan pagos para que los trabajadores se retiren y que luego se contraten consultoras privadas para realizar tareas similares.
Además, señaló que el proyecto podría utilizar la figura del mutuo acuerdo para evitar el pago de indemnizaciones y cuestionó la decisión de impedir que los cargos que queden vacantes puedan cubrirse durante dos años.
“Que las potenciales vacantes no se puedan cubrir por dos años es una barbaridad”, manifestó. Según su planteo, esa restricción podría afectar la prestación de servicios públicos esenciales.
Quiénes podrían acceder al retiro voluntario
El régimen alcanzaría al personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional centralizada, comprendido en la Ley 25.164, y a los trabajadores con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo.
En cambio, quedarían excluidos quienes tengan contratos sin estabilidad, quienes estén sometidos a sumarios administrativos y quienes ya hayan presentado su renuncia.
El proyecto contempla tres grupos de trabajadores: quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria y reúnen los años de aportes necesarios; quienes tienen la edad requerida, pero todavía necesitan completar aportes; y los empleados más jóvenes que deseen dejar voluntariamente el Estado.
Para quienes estén en edad jubilatoria, pero aún no reúnan todos los requisitos para acceder al beneficio, el documento prevé que el Estado pague el 60% del sueldo bruto durante el período correspondiente, con un límite máximo de 36 meses. Durante ese tiempo, también continuaría cubriendo los aportes previsionales y de obra social, calculados sobre el salario.
Restricciones para quienes adhieran
Entre las condiciones previstas, quienes acepten el retiro no podrían volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años. A su vez, los cargos que dejen vacantes no podrían ser cubiertos durante los dos años posteriores.
El proyecto también establece una condición para los trabajadores con representación gremial: quienes tengan un mandato sindical vigente o sean candidatos a delegados deberían renunciar a esa condición para poder adherirse al programa.
Frente a este escenario, ATE anticipó que buscará frenar la iniciativa mediante acciones directas. “No podemos dejar que desmantelen el Estado y lo dejen sin su bien más preciado, que es un valioso recurso humano con trayectoria y experiencia”, concluyó Aguiar.