Falsas construcciones, terrenos ajenos y cheques sin fondos: prisión preventiva para cuatro acusados

Cuatro personas, tres hombres de 46, 45 y 41 años y una mujer de 39, quedaron bajo prisión preventiva en el marco de una investigación por una presunta megaestafa inmobiliaria que habría funcionado desde 2021. Entre los detenidos se encuentra señalado como líder de la organización un hombre que, según la acusación, habría coordinado una compleja estructura dedicada a cometer estafas mediante falsos proyectos de construcción, ventas fraudulentas de terrenos y maniobras financieras.

La medida fue dispuesta este miércoles 7 de octubre, durante una audiencia en la que se trataron el control de las detenciones, la formalización de la investigación y el pedido de medidas de coerción. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por el fiscal Diego Alejo López Ávila.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Fiscal expuso las detenciones realizadas el martes 6 de octubre, en el marco de una serie de allanamientos en los que también se secuestraron elementos considerados de interés para la causa. Luego solicitó que los procedimientos fueran declarados legales y presentó los hechos atribuidos a los cuatro imputados.

La Fiscalía les atribuye 14 hechos y los acusa de los delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas, estelionato, amenazas y desbaratamiento de confianza. En función de los riesgos procesales y de la necesidad de avanzar con la investigación, pidió cinco meses de prisión preventiva para el principal imputado y 35 días para los otros tres detenidos. El juez interviniente hizo lugar al planteo y otorgó las medidas por los plazos solicitados.

Una organización que operaba desde 2021

Según la hipótesis de la Fiscalía, el principal acusado habría actuado como ideólogo, organizador y jefe de una estructura criminal de carácter familiar y societario. La organización habría operado bajo la fachada comercial de la empresa “Contru Servicios” y otras denominaciones de fantasía, con un esquema destinado a captar dinero y bienes mediante distintas maniobras fraudulentas.

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal, la estructura contaba con un reparto de funciones entre sus integrantes. Mientras algunos aportaban la logística necesaria para simular una actividad empresarial legítima, familiares y allegados habrían intervenido en el circuito financiero que permitía sostener las operaciones.

Falsas construcciones y venta de terrenos

Una de las primeras modalidades investigadas consistía en ofrecer la construcción de viviendas bajo el sistema “llave en mano”. Para ello, según la acusación, se celebraban contratos que no tenían una intención real de ser cumplidos. Los damnificados entregaban importantes sumas de dinero y otros bienes, entre ellos vehículos y propiedades, con la expectativa de recibir sus viviendas.

La investigación también señala que la organización habría intervenido en la venta fraudulenta de terrenos que no le pertenecían. Los fondos y bienes recibidos no habrían sido destinados al cumplimiento de los compromisos asumidos.

Con el tiempo, la operatoria se habría extendido a la compra de bienes muebles de alto valor y grandes cantidades de materiales de construcción. Según la Fiscalía, estas adquisiciones buscaban aparentar solvencia económica y una actividad comercial sólida, aunque el objetivo habría sido obtener mercadería para luego venderla en beneficio propio.

Cheques sin fondos y un millonario perjuicio

Otra de las maniobras investigadas consistía en solicitar a las víctimas nuevas entregas de dinero con el argumento de financiar proyectos inmobiliarios. A cambio, les entregaban numerosos cheques de pago diferido.

De acuerdo con la acusación, los primeros cheques eran abonados al vencimiento para generar confianza y convencer a las víctimas de que continuaran aportando capital. Sin embargo, posteriormente se habría interrumpido la cadena de pagos y los instrumentos comenzaron a ser rechazados por falta de fondos o por corresponder a cuentas cerradas.

La Fiscalía sostiene que, de esa manera, se habría concretado un perjuicio económico de gran magnitud. Después, los imputados habrían intentado encubrir la situación mediante el ofrecimiento de garantías que, según la investigación, eran ficticias.

Como consecuencia de estas maniobras, varias obras habrían quedado abandonadas, las operaciones inmobiliarias terminaron bajo sospecha de fraude, los proveedores habrían perdido mercadería y las víctimas no habrían recibido soluciones por parte de los responsables señalados.

La investigación continúa para determinar el alcance de las maniobras, precisar el perjuicio económico y establecer la responsabilidad de cada uno de los cuatro imputados, quienes permanecen bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.