Ofrecían casas “llave en mano” y lotes que nunca entregarían: investigan una estafa de más de $1.000 millones

Una compleja investigación judicial permitió avanzar este martes 6 de octubre contra una presunta organización criminal que habría desplegado, desde 2021, una serie de maniobras destinadas a concretar estafas millonarias. Hasta el momento, cuatro personas fueron detenidas, entre ellas quien sería el líder de la organización y un integrante de una fuerza nacional de seguridad. El perjuicio económico investigado supera los $1.000 millones y ya son 13 los hechos que fueron imputados a los integrantes de la asociación ilícita.

La pesquisa fue llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo del fiscal Diego Alejo López Ávila. A partir de una exhaustiva investigación, los investigadores lograron reconstruir el funcionamiento de una estructura que habría operado durante varios años bajo la fachada comercial de la firma “Constru Servicios S.A.S.”.

Según la hipótesis del Ministerio Fiscal, detrás de esa aparente actividad empresarial funcionaba una organización estructurada, con una división de tareas entre sus integrantes y un esquema destinado a captar importantes sumas de dinero y distintos bienes de las víctimas. Para concretar las maniobras, los sospechosos ofrecían viviendas bajo la modalidad “llave en mano”, además de intervenir en operaciones de compraventa de lotes y vehículos.

El mecanismo les habría permitido recibir de los damnificados importantes cantidades de dinero en efectivo, moneda extranjera, mercaderías, automóviles y derechos sobre distintos inmuebles. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido hasta el momento en el expediente, los integrantes de la organización habrían realizado esas operaciones sabiendo que no cumplirían con las obligaciones asumidas.

Una empresa utilizada como fachada

La investigación sostiene que el principal sospechoso, señalado como ideólogo y jefe de la asociación ilícita, habría utilizado la estructura exterior y corporativa de la empresa constructora para generar confianza entre los potenciales clientes.

De esta manera, la apariencia de una compañía formalmente constituida habría funcionado como una garantía para las personas que entregaban sus ahorros con la expectativa de recibir una vivienda terminada, adquirir un terreno o concretar alguna de las operaciones ofrecidas.

Sin embargo, según la acusación, el responsable de la organización y sus colaboradores ocultaban de manera deliberada su verdadera situación de insolvencia y, en determinados casos, la falta de titularidad sobre los bienes y terrenos que eran ofrecidos a los interesados.

El objetivo habría sido mantener una apariencia de solvencia y normalidad comercial que permitiera continuar captando nuevos fondos y bienes, mientras se acumulaban los compromisos incumplidos y los reclamos de las personas damnificadas.

Una estructura con división de roles

Para sostener el funcionamiento de la organización habría sido necesaria la participación de distintas personas que cumplían funciones específicas dentro del esquema.

De acuerdo con la investigación, los principales socios del presunto líder se encargaban de aportar la logística necesaria para sostener la apariencia de una actividad empresarial real. Su intervención permitía mantener en funcionamiento la estructura comercial y darle continuidad a las operaciones.

A esa primera línea se sumaba un segundo grupo integrado por familiares directos y allegados, que habría cumplido un papel dentro del circuito financiero de la organización.

Según la hipótesis de los investigadores, estos integrantes intervenían para sostener el esquema frente a los reclamos de las víctimas y dilatar el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

Una de las maniobras detectadas fue la emisión sistemática de instrumentos de pago y cheques que carecían de respaldo bancario. De esta manera, el circuito habría podido mantenerse durante un período prolongado, mientras las personas afectadas aguardaban una respuesta o el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Viviendas “llave en mano”, lotes y vehículos

En una primera etapa, la actividad de la organización se habría concentrado principalmente en la celebración de contratos de locación de obra para la construcción de viviendas bajo la modalidad “llave en mano”.

La propuesta consistía en ofrecer a los interesados la posibilidad de acceder a una vivienda terminada, a cambio de importantes sumas de dinero. Sin embargo, la investigación sostiene que los responsables conocían de antemano que las obligaciones asumidas no serían cumplidas.

Con el tiempo, el esquema se habría extendido también a otras operaciones. Los sospechosos habrían intervenido en acuerdos vinculados con la compraventa de lotes y vehículos, recibiendo a cambio dinero en efectivo, moneda extranjera, automóviles, mercaderías y derechos sobre inmuebles.

Los investigadores buscan determinar el alcance total de esas maniobras y establecer con precisión el perjuicio económico ocasionado a cada una de las víctimas.

Allanamientos y detenciones

En el marco de la causa, la Unidad Fiscal interviniente solicitó autorización judicial para realizar durante este martes una serie de allanamientos destinados a concretar detenciones y secuestrar elementos que pudieran estar vinculados con los delitos investigados.

Las medidas fueron solicitadas contra siete personas, entre ellas el señalado como líder de la organización y un efectivo perteneciente a una fuerza nacional de seguridad.

Los sospechosos fueron vinculados, de acuerdo con la acusación fiscal, con los delitos de estafas reiteradas, estelionato, libramiento de cheques sin fondos y asociación ilícita, en calidad de presuntos coautores.

Hasta el momento, cuatro personas fueron detenidas como resultado de los procedimientos. La investigación continúa abierta y los investigadores avanzan sobre la documentación, bienes y demás elementos que puedan permitir determinar cómo funcionaba la estructura y cuál fue el destino de los fondos y bienes obtenidos mediante las maniobras denunciadas.

La causa ya contempla 13 hechos imputados a los integrantes de la organización, mientras la Fiscalía continúa con la investigación para establecer si existieron otras operaciones fraudulentas y determinar el monto definitivo del perjuicio económico, que hasta ahora superaría holgadamente los $1.000 millones.