Tres vehículos, cheques sin fondos y un perjuicio de casi $90 millones: una mujer quedó presa por una estafa a una concesionaria de Tucumán

Una mujer quedó detenida con prisión preventiva por 60 días, acusada de participar de una maniobra que habría provocado un perjuicio inicial de casi $90 millones a una concesionaria de San Miguel de Tucumán. Según la investigación, junto a otras dos personas habría utilizado cheques sin fondos para adquirir tres vehículos.

De acuerdo con lo indicado en la audiencia, Ivana Vanesa Argañaraz, de 47 años, se presentó este miércoles 17 de septiembre en la Comisaría de Delitos Rurales y Ambientales de la Policía de Tucumán y quedó a disposición de la Justicia. La mujer está acusada de haber participado de la maniobra junto a su pareja, Jorge Omar Abraham, y José Benjamín Zavalía.

La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, dirigida por Diego Hevia. En la audiencia multipropósito intervino la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás, quien formuló cargos contra Argañaraz como coautora del delito de estafa, en concurso ideal con el delito de pago de cheque sin provisión de fondos, y solicitó que permanezca detenida durante 60 días.

Cómo habría sido la maniobra

Según la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, en enero de 2025 los acusados se presentaron en la concesionaria LINE UP S.A., ubicada en avenida Néstor Kirchner 3975, de la capital tucumana, interesados en adquirir distintos vehículos.

Para concretar las operaciones, habrían aparentado contar con una importante solvencia económica y se presentaron como titulares de negocios y bienes, además de señalar que tenían otros emprendimientos en común.

De esa manera, adquirieron una Volkswagen Amarok Extreme 4x4, un Toyota Corolla y un Peugeot 208 Style. Como forma de pago entregaron cheques correspondientes a INDI S.R.L., empresa de la que Argañaraz era titular del 50% de las cuotas y cuyo objeto social está vinculado a un centro de diagnóstico neurofisiológico.

La investigación sostiene que Argañaraz habría aportado la estructura societaria y la chequera de la empresa, además de firmar la totalidad de los cheques. Abraham, en tanto, habría recibido los valores, los firmado y endosado a su nombre para luego entregarlos en la concesionaria.

Por su parte, Zavalía se habría presentado como comprador, retiró dos de los vehículos y puso en circulación los cheques como medio de pago. Sin embargo, cuando fueron presentados, fueron rechazados por falta de fondos, generando el perjuicio económico que inicialmente fue estimado en casi $90 millones.

“Estamos ante una maniobra que ha sido pensada y planificada por una organización”, sostuvo la auxiliar de fiscal durante la audiencia. También indicó que dos de los vehículos todavía no fueron encontrados y señaló que las operaciones habrían estado destinadas a aparentar una solvencia económica que no poseían para conseguir la entrega de los rodados.

Uno de los acusados fue detenido en Entre Ríos

El pasado 4 de septiembre, un juez había ordenado declarar la rebeldía y disponer la captura y detención nacional e internacional de los tres imputados.

Argañaraz finalmente se presentó de manera voluntaria ante la Policía. En tanto, Abraham continúa prófugo, mientras que Zavalía fue detenido el 12 de septiembre en Gualeguaychú, Entre Ríos, cuando presuntamente intentaba dirigirse hacia Uruguay.

Durante ese procedimiento también fue secuestrada la Volkswagen Amarok. Según se informó en la audiencia, está previsto que Zavalía sea extraditado a Tucumán durante la próxima semana.

La Fiscalía también señaló que resta investigar la posible participación de Ramiro Petros, oriundo de Santiago del Estero, en la maniobra.

Finalmente, el juez rechazó los planteos de la defensa, que había solicitado medidas de menor intensidad y, subsidiariamente, arresto domiciliario. De esta manera, hizo lugar al pedido del MPF y ordenó que Argañaraz cumpla 60 días de prisión preventiva, con traslado a una dependencia del Servicio Penitenciario.