Femicidio de Érika Álvarez: elevaron a juicio la causa y la Fiscalía pidió prisión perpetua para Felipe Sosa

La Justicia aprobó la apertura a juicio oral y público de la causa que investiga el femicidio de Érika Antonella Álvarez, la joven de 25 años cuyo cuerpo fue encontrado el 8 de enero de este año en un basural de la zona de Manantial Sur. El principal acusado es Felipe Sosa, para quien el Ministerio Fiscal solicitó prisión perpetua. También serán juzgados Justina Gordillo y Jorge “Chicho” Díaz, imputados por encubrimiento, mientras que Nicolás Navarro Flores ya fue condenado mediante un juicio abreviado.

Luego de cuatro jornadas de audiencia, este jueves 17 de septiembre finalizó el control de acusación y admisibilidad de la prueba, instancia en la que quedó formalmente aprobada la elevación a debate. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, conducida por Pedro Gallo, quien durante las audiencias estuvo acompañado por la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma.

Sosa, de 50 años, está acusado como autor del delito de femicidio y la Fiscalía solicitó que, en caso de ser condenado, se le imponga la pena de prisión perpetua. Para Gordillo, de 48 años, requirió seis años de prisión efectiva por encubrimiento por favorecimiento personal y real, triplemente agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por su condición de funcionaria pública. En el caso de Díaz, de 41 años, también pidió seis años de prisión efectiva por encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave. Las pretensiones del MPF fueron acompañadas por la querella.

El otro acusado, Nicolás Navarro Flores, de 37 años, fue condenado el pasado 29 de julio a tres años de prisión mediante un juicio abreviado.

Los fundamentos de la acusación por femicidio

Durante la audiencia, el fiscal Gallo explicó por qué la Fiscalía encuadró el crimen atribuido a Sosa como femicidio. Según sostuvo, Érika se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad, tanto por su condición de mujer como por la relación económica y social que mantenía con el acusado y por un problema de consumo problemático que, de acuerdo con la acusación, habría sido aprovechado por Sosa.

“Nosotros ponemos mucho foco en la especial vulnerabilidad de Érika”, señaló Gallo, quien sostuvo que esas circunstancias habrían generado una relación desigual de poder entre ambos.

El fiscal también planteó que existió una cosificación de la joven por parte del acusado. Como sustento de esa hipótesis, hizo referencia al análisis del teléfono celular de Sosa, donde, según la Fiscalía, se encontraron expresiones denigrantes hacia las mujeres y particularmente hacia aquellas que concurrían a su domicilio.

Gallo también vinculó esa hipótesis con la forma en que fue hallado el cuerpo de Álvarez, envuelto en una bolsa y abandonado en un basural.

Una acusación que ubica el crimen en la madrugada del 7 de enero

Según la teoría del Ministerio Fiscal, el 7 de enero de 2026, alrededor de las 3:37, Érika salió de su domicilio de Gerónimo Helguera 1701, en San Miguel de Tucumán, a bordo de un automóvil de Uber y se dirigió hasta la vivienda de Sosa, ubicada en Santo Domingo 1100, Yerba Buena. La joven habría llegado aproximadamente a las 3:50.

La Fiscalía sostiene que entre las 3:50 y las 7:00, aproximadamente, Sosa, valiéndose de la relación asimétrica de poder y de la situación de vulnerabilidad que atravesaba Álvarez, la golpeó con gran violencia en la zona cráneo-facial y cervical.

De acuerdo con la acusación, las múltiples lesiones provocaron la muerte de la joven por un traumatismo cráneo-facial y cervical.

Qué les atribuyen a Gordillo y Díaz

En cuanto a Justina Gordillo, la teoría fiscal sostiene que mantuvo comunicaciones con Sosa desde las 7:32 del 7 de enero y que posteriormente se presentó en su domicilio, donde permaneció durante varias horas. También habría regresado al lugar durante esa misma noche.

La Fiscalía le atribuye haber colaborado con el ocultamiento del cuerpo de Érika y con la eliminación de rastros del hecho, además de intervenir en la desaparición de elementos vinculados con la víctima y del vehículo utilizado por Sosa.

Asimismo, según la acusación, Gordillo habría colaborado con la fuga del principal acusado hacia la provincia de Buenos Aires, primero mediante la puesta a disposición de una motocicleta KTM y posteriormente con dinero e información relacionada con la investigación. Para la Fiscalía, esas acciones tuvieron como finalidad ayudar a Sosa a eludir la investigación y sustraerse de la acción de la Justicia, además de obtener un beneficio patrimonial.

Respecto de Jorge “Chicho” Díaz, la Unidad Fiscal sostiene que el 7 de enero, alrededor de las 15:17, llegó al domicilio de Sosa a bordo de una camioneta Chevrolet S10 perteneciente a “Mundo Limpio”.

Según la acusación, Díaz habría colaborado con la eliminación de rastros del cuerpo, la desaparición del teléfono celular de Álvarez y la limpieza del lugar. La Fiscalía también sostiene que, al retirarse de la vivienda, llevó consigo un estuche que contenía una pistola calibre 40 marca Glock, una escopeta calibre 12, 11 cartuchos calibre 40 y cuatro cartuchos calibre 12, elementos que Sosa le habría entregado para ocultarlos.

Más de 25 convenciones probatorias y 77 testigos

Durante las cuatro jornadas de audiencia, las partes arribaron a más de 25 convenciones probatorias y fueron admitidas las pruebas testimoniales e instrumentales, junto con sus documentales de apoyo.

El Ministerio Fiscal anunció que llevará al debate a 77 testigos, entre ellos Navarro Flores, quien ya fue condenado, además de personal policial, peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y personas pertenecientes al entorno de los involucrados.

Entre las evidencias admitidas se encuentran estudios genéticos de ADN, registros de cámaras de seguridad públicas y privadas, evidencia digital obtenida de distintos dispositivos y elementos secuestrados durante la investigación.

También llegarán al debate las bolsas que cubrían el cuerpo de Álvarez, cuerdas, teléfonos celulares y otros elementos incorporados a la causa.

Finalmente, la jueza aprobó el requerimiento de apertura a juicio oral y público. Ahora, las actuaciones serán remitidas a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), que deberá realizar el sorteo del tribunal que intervendrá en el debate y fijar la fecha de inicio del juicio.