Tucumán: un policía y cuatro “obreros” fueron acusados de robar cables subterráneos

Un policía y cuatro hombres fueron acusados por el robo de cables subterráneos pertenecientes a una empresa telefónica, ocurrido el pasado martes 25 de agosto en la intersección de las calles Rondeau y Chacabuco, en Barrio Sur, de San Miguel de Tucumán. Otros dos sospechosos permanecen prófugos.

La investigación está a cargo de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos II del Ministerio Fiscal, dirigida por Susana Cordisco. De acuerdo con la acusación, los involucrados habrían sustraído unos 400 metros de cables de cobre, cuyo peso total fue estimado por la querella en 2.500 kilos y su valor en aproximadamente $37 millones.

Según la descripción de los hechos realizada durante la audiencia, alrededor de las 6.30, cuatro hombres de 24, 25, 26 y 33 años, junto a otras dos personas aún no identificadas, llegaron al lugar a bordo de una camioneta roja, registrada en Aguilares. Vestían ropa de trabajo azul y, junto a ellos, se encontraba un empleado policial de 35 años, quien estaba uniformado y llevaba su arma reglamentaria.

Los sospechosos habrían colocado conos reflectivos y otros elementos para simular que se trataba de una intervención laboral legítima. Luego realizaron maniobras sobre la tapa de una boca de tormenta, donde se encontraban instalados los tendidos de cables subterráneos.

De acuerdo con la acusación, cortaron y se apoderaron de 200 metros de cables de 2.200 pares y otros 200 metros de cables de 1.200 pares de cobre, que se encontraban instalados en cañerías subterráneas. Después cargaron el material en la camioneta y abandonaron el lugar.

El registro de una cámara de seguridad aportado por un empleado de la empresa afectada resultó clave para la identificación de los sospechosos. Además, la Fiscalía informó que resta analizar otras cámaras y peritar seis teléfonos celulares secuestrados, además de realizar una rueda de reconocimiento de personas.

Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Ignacio Martucci sostuvo que se trató de un hecho previamente planificado, con una distribución de tareas entre los participantes. También remarcó que, según la acusación, utilizaron ropa de trabajo, conos, cinta perimetral y un cartel de desvío para aparentar que realizaban una tarea autorizada.

En ese contexto, señaló que la participación del policía, quien se desempeña en el Centro de Monitoreo de Banda del Río Salí, habría permitido reforzar esa apariencia de legitimidad al presentarse con el uniforme completo y su arma reglamentaria.

La Fiscalía imputó a los cuatro civiles por el delito de hurto, en calidad de coautores. En el caso del efectivo policial, la acusación es por hurto agravado por ser cometido por un integrante de las fuerzas de seguridad.

Martucci había solicitado la prisión preventiva por dos meses para los cinco acusados y señaló, además, presuntas contradicciones en los datos brindados por tres de ellos, de 25, 26 y 33 años. Según expuso, manifestaron ser trabajadores independientes, aunque serían empleados públicos: uno de ellos en la Legislatura y los otros dos en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Además, durante la audiencia se informó que el acusado de 33 años ya tiene una causa en trámite por un hecho similar, también en perjuicio de la misma empresa telefónica, que es investigada por la Unidad Especializada de Robos y Hurtos III.

Por su parte, el abogado querellante sostuvo que el material sustraído alcanzaría los 2.500 kilos de cobre, con un valor estimado en $37 millones.

Al declarar ante el juez, el policía negó haber sabido que se trataba de un robo y afirmó: “A mí me contrataron para un servicio en negro. Pensaba que era una empresa tercerizada porque los obreros estaban bien vestidos. Hubo profesionalismo en el trabajo por lo que nunca me di cuenta que no eran obreros”.

Finalmente, después de unas cuatro horas de audiencia, el juez interviniente no hizo lugar al pedido de prisión preventiva. Sin embargo, dispuso el arresto domiciliario del efectivo policial durante 40 días, con rondas periódicas y sorpresivas.

En tanto, los otros cuatro acusados quedaron sujetos durante dos meses a medidas de menor intensidad, sin privación de la libertad. Para el policía se estableció una caución real o personal de $3 millones, mientras que para los restantes acusados la suma fue fijada en $2,5 millones. La libertad de todos quedó supeditada al cumplimiento de esas cauciones.

La investigación continuará con el análisis del material fílmico, el peritaje de los teléfonos secuestrados, el relevamiento de otras cámaras de seguridad y las medidas destinadas a identificar y localizar a los otros dos sospechosos que permanecen prófugos.