Amenazó de muerte a su padre y atacó la casa familiar a pedradas: la justicia ordenó su prisión preventiva

Un joven de 21 años quedó con prisión preventiva por el plazo de diez días, luego de ser imputado por amenazar de muerte a su padre, atacar la vivienda familiar y desobedecer una medida judicial que le prohibía acercarse al domicilio. La decisión fue adoptada este lunes durante una audiencia realizada a pedido de la Unidad Fiscal Criminal de Feria.

El acusado, identificado como Claudio Nahuel Galarza, fue imputado por los delitos de amenazas, desobediencia y resistencia a un funcionario público. La audiencia estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Criminal de Feria, conducida por el fiscal Carlos Sale, mientras que la auxiliar de fiscal Marcela Albornoz Medina representó al Ministerio Público Fiscal.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que el imputado permaneciera con prisión preventiva durante 21 días al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. La defensa se opuso al planteo y pidió medidas de menor intensidad. Finalmente, el juez resolvió hacer lugar parcialmente al pedido fiscal y ordenó la prisión preventiva por diez días.

El hecho

De acuerdo con la acusación, el episodio ocurrió el sábado 11 de julio, alrededor de las 8.30, cuando Galarza se presentó en la vivienda de su padre, ubicada en la intersección de las calles Pueyrredón y Costanera, en Banda del Río Salí, pese a que tenía vigente una prohibición judicial de acercamiento dictada en una causa por violencia doméstica.

En ese momento, el dueño de la vivienda se encontraba junto a sus hijas y cuatro nietos menores de edad. Según la investigación, el acusado comenzó a arrojar piedras y ladrillos contra la casa mientras exigía dinero y amenazaba de muerte a su padre con frases intimidatorias.

Tras un llamado al Sistema de Emergencias 911, efectivos policiales acudieron al lugar y lograron interceptar al joven a unos 200 metros del domicilio, donde fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia. Posteriormente, el Ministerio Público Fiscal formuló los cargos correspondientes y solicitó la medida de coerción que finalmente fue parcialmente concedida por el juez.