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# Concepción: piden 30 años de prisión para el acusado de liderar una megabanda que estafó por más de $170 millones

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El Ministerio Fiscal solicitó la apertura a juicio y una pena de 30 años de prisión efectiva para Eduardo Ariel Araoz, acusado de ser el jefe de una organización criminal que habría cometido una serie de estafas contra comercios, empresas agropecuarias y particulares. La investigación determinó un perjuicio económico superior a los $170 millones, a partir de diez hechos denunciados entre septiembre de 2023 y febrero de 2025.

El requerimiento fue presentado por el fiscal Gerardo Nicolás Salas, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción. La causa demandó un trabajo conjunto con el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y distintas unidades investigativas de la Policía provincial.

De acuerdo con la investigación, Araoz habría encabezado una estructura que utilizaba sociedades comerciales ficticias radicadas en otras provincias para concretar operaciones fraudulentas. Entre las firmas identificadas figuran The Cyprus Agency S.A.S., La Bajadita Agroganadera S.A.S., Otters Equipamientos S.A.S. y Robert Vesco & Co S.A.S., que eran utilizadas para emitir miles de cheques electrónicos y físicos sin fondos.

El trabajo del ECIF permitió rastrear direcciones IP, perfiles falsos en redes sociales y la utilización de distintos chips telefónicos que impactaban reiteradamente en un mismo dispositivo móvil secuestrado en el domicilio del acusado. También se detectó el uso de identidades ficticias, entre ellas la de "Eduardo Astorga".

Otro elemento importante para avanzar en la causa fue la declaración de dos integrantes de la organización que se acogieron a la figura del imputado arrepentido. Ambos aportaron información sobre el funcionamiento interno de la banda, la distribución de tareas y señalaron a Araoz como el presunto ideólogo y conductor de las maniobras.

Un mecanismo de estafas contra empresas y particulares

Según la acusación, el grupo generaba una falsa apariencia de solvencia comercial para adquirir mercadería y bienes de importante valor. Entre los productos obtenidos mediante este mecanismo se encontraban insumos agrícolas, neumáticos, materiales de construcción, casillas rodantes y equipos de aire acondicionado.

Para concretar las operaciones, los integrantes utilizaban identidades falsas o suplantaban a clientes reconocidos, con el objetivo de generar confianza en los vendedores. Una vez acordadas las compras, enviaban transportes para retirar rápidamente los productos, que luego eran trasladados a galpones o domicilios particulares. Desde esos lugares, la mercadería era introducida posteriormente en el mercado informal.

El cálculo de la Fiscalía estableció que las diez estafas investigadas ocasionaron un perjuicio patrimonial directo superior a los $170 millones. Sin embargo, la dimensión de la estructura financiera utilizada sería todavía mayor: las empresas ficticias vinculadas a la organización registraban cheques rechazados por más de $7.000 millones en el sistema financiero.

Entre los damnificados aparecen reconocidas firmas comerciales, instituciones y particulares que fueron perjudicados por las operaciones fraudulentas.

La acusación y el destino de los bienes secuestrados

El Ministerio Fiscal atribuyó a Araoz los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefe u organizador, en concurso real con estafa en diez oportunidades. Por esos cargos, solicitó una condena de 30 años de prisión efectiva y requirió el decomiso de los bienes, vehículos y elementos secuestrados durante el procedimiento.

Además, la Fiscalía dispuso que los bienes recuperados sean derivados a la Oficina de Políticas Reparatorias del MPF, con el objetivo de destinarlos a proyectos de carácter social y comunitario.

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