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# Prometían casas llave en mano y vendían terrenos ajenos: la causa por la megaestafa ya tiene siete detenidos

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La Justicia dispuso 32 días de prisión preventiva para dos hombres, de 23 y 48 años, y una mujer de 34, señalados como presuntos integrantes de una asociación ilícita. Según la investigación, formarían parte de una estructura familiar y societaria que habría operado desde 2021 mediante falsas promesas de construcción de viviendas, ventas fraudulentas de terrenos y maniobras con cheques sin fondos.

La causa por la presunta megaestafa inmobiliaria sumó tres nuevos detenidos y ya son siete las personas privadas de la libertad en el marco de la investigación. Los nuevos imputados serían el socio y dos familiares del principal acusado, señalado por el Ministerio Fiscal como el supuesto organizador de la estructura.

La medida se resolvió este sábado 10 de octubre, durante una audiencia de control de las detenciones, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción. La Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego Alejo López Ávila, interviene en el caso, mientras que la auxiliar de fiscal Emely Rafael representó a la acusación durante la audiencia.

La representante del Ministerio Fiscal describió los hechos atribuidos a los tres imputados y los acusó por los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas. En ese contexto, solicitó la prisión preventiva por 32 días, hasta el 10 de noviembre, al considerar que existen riesgos procesales y que la medida resulta necesaria para avanzar con la investigación.

El juez interviniente hizo lugar al planteo de la Fiscalía y ordenó que los tres permanezcan privados de la libertad durante el plazo solicitado. En total, la causa comprende 14 hechos que habrían sido cometidos por los integrantes de la organización investigada.

## Una estructura que habría operado desde 2021

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el principal acusado habría ideado, organizado y dirigido una estructura criminal de carácter familiar y societario que funcionaba bajo la apariencia comercial de la empresa Contru Servicios y otras denominaciones de fantasía.

La investigación sostiene que la organización tenía una división de tareas entre sus integrantes. Mientras algunos se encargaban de dar una apariencia de funcionamiento empresarial, otros habrían intervenido en el manejo del dinero y los bienes obtenidos mediante las maniobras denunciadas.

En una primera etapa, el grupo habría ofrecido contratos para la construcción de viviendas bajo la modalidad conocida como llave en mano, por la cual los clientes entregan dinero para recibir la propiedad terminada. También habría participado en la venta de terrenos que no pertenecían a los vendedores.

Según la acusación, a cambio de esas operaciones, las víctimas entregaban importantes sumas de dinero en efectivo, vehículos e incluso propiedades. Sin embargo, los fondos y bienes recibidos no habrían sido destinados al cumplimiento de las obligaciones asumidas.

## Materiales de construcción, bienes de alto valor y cheques sin fondos

Con el tiempo, la presunta organización habría ampliado sus maniobras. Según la teoría del caso, comenzó a adquirir bienes de alto valor y grandes cantidades de materiales de construcción, proyectando una imagen de solvencia económica que le permitía continuar operando.

La Fiscalía sostiene que el propósito habría sido obtener mercadería para luego comercializarla en beneficio propio, sin cumplir con las obligaciones de pago correspondientes.

Otra de las modalidades investigadas consistía en solicitar a las víctimas reiteradas entregas de dinero con el argumento de que necesitaban liquidez para financiar los proyectos inmobiliarios. Como respaldo, entregaban cheques de pago diferido por importantes montos.

De acuerdo con la acusación, al principio algunos de esos cheques eran abonados al vencimiento. Ese mecanismo habría generado confianza en los damnificados, que volvían a entregar dinero convencidos de que las operaciones eran legítimas.

Sin embargo, posteriormente se habría interrumpido la cadena de pagos y los cheques comenzaron a ser rechazados por falta de fondos o por corresponder a cuentas cerradas. La investigación sostiene que, cuando las víctimas reclamaban, los integrantes de la estructura intentaban sostener el engaño mediante el ofrecimiento de garantías que serían ficticias.

Como consecuencia de las maniobras denunciadas, varias obras habrían quedado abandonadas, se habrían concretado operaciones fraudulentas con terrenos y los proveedores habrían perdido materiales entregados. La investigación busca determinar la responsabilidad de cada uno de los imputados en los 14 hechos bajo análisis.

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