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# Se hacía pasar por gestora y abogada para ofrecer viviendas en Manantial Sur y San Andrés: habría estafado más de $14 millones

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Una mujer quedó bajo investigación por cuatro presuntas estafas vinculadas con la supuesta gestión y adjudicación de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Según la acusación, se habría presentado como gestora, abogada o persona con contactos e influencias en distintos organismos para convencer a las víctimas de entregar dinero como adelanto para acceder a inmuebles.

Hasta el momento son cuatro los hechos investigados y el perjuicio económico acumulado supera los **$14,7 millones**.

La investigación está a cargo de la **Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I**, conducida por el fiscal Diego Alejo López Ávila. En la audiencia, el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto expuso los nuevos hechos atribuidos a la acusada y solicitó la reformulación de los cargos.

Como primer punto, el representante del Ministerio Público Fiscal describió las circunstancias de la aprehensión y solicitó que fuera declarada legal y legítima. Luego explicó que el objetivo de la audiencia era ampliar y reformular los cargos a partir de los nuevos hechos incorporados a la investigación.

Además, pidió modificar las medidas que pesaban sobre la imputada y solicitó que se dispusiera su prisión preventiva por 45 días. El juez interviniente hizo lugar al planteo y ordenó la prisión preventiva, aunque bajo la modalidad de **arresto domiciliario con colocación de dispositivo electrónico durante 45 días**.

### Los cuatro hechos investigados

**Primer caso**

A fines de 2022, la acusada habría manifestado tener contactos e influencias en el IPV y en la Legislatura provincial y se habría presentado como gestora. De acuerdo con la acusación, ofreció a una persona la adjudicación de una vivienda en la localidad de San Andrés, pese a que sabía que no podía concretar esa operación.

A cambio, habría solicitado una suma de dinero por adelantado. Cuando llegó la fecha pactada para la entrega de la vivienda, esta no se concretó y la acusada habría utilizado distintas excusas para justificar la situación. El perjuicio económico denunciado fue de **$3.150.000**.

**Segundo caso**

El 10 de noviembre de 2023, la mujer habría manifestado ser empleada de la Legislatura provincial y abogada de UPCN, asegurando además tener contactos dentro de ese gremio.

En un bar ubicado sobre avenida Sarmiento, entre Junín y Maipú, de San Miguel de Tucumán, le habría ofrecido a una víctima una vivienda en el barrio Manantial Sur a cambio de **$2.200.000 por el terreno y $40.000 para gastos de escribanía**.

Según la acusación, sabía que no podía realizar la operación. La vivienda tampoco fue entregada en la fecha acordada y, nuevamente, habría recurrido a excusas para justificar el incumplimiento. El perjuicio económico establecido para este hecho fue de **$1.945.300**.

**Tercer caso**

El 23 de abril de 2026, la acusada habría simulado ser abogada dedicada a recuperar viviendas del IPV y ofreció una casa ubicada en el barrio Manantial Sur.

Para concretar la supuesta operación, habría solicitado **$4.180.000**, suma que fue entregada por la víctima. Sin embargo, llegada la fecha acordada, la vivienda no fue entregada y la mujer habría dado distintas explicaciones para justificar la demora.

**Cuarto caso**

El hecho más reciente se habría iniciado el 10 de agosto de 2026, cuando la acusada entabló conversación con un chofer de Uber y, según la investigación, se hizo pasar por abogada y miembro de la CGT, encargada de gestionar viviendas recuperadas del IPV en el barrio Manantial Sur.

A través de ese engaño habría logrado que el hombre la contactara con sus familiares. Ese mismo día, alrededor de las 16:30, en una estación de servicio YPF ubicada en Bulnes y avenida Belgrano, le habría solicitado a una de las víctimas documentación personal y **$150.000** bajo el argumento de realizar el "armado de carpeta" para acceder a una vivienda.

Además, le habría indicado que debía entregar **$5.000.000** como parte de pago para obtener un terreno cuyo valor, según le manifestó, era de $12.000.000.

Al día siguiente, el 11 de agosto, cerca del mediodía, volvieron a reunirse en un bar de calle Maipú al 50. En esa oportunidad, bajo la promesa de que la vivienda sería adjudicada formalmente en el plazo de un mes, la víctima habría entregado los **$5.000.000**.

Durante ese encuentro, además, la acusada habría persuadido a las víctimas para inscribirse en el sistema y les solicitó documentación. También las habría inducido a realizar transferencias bancarias de **$150.000 cada una a nombre de su hija**.

De acuerdo con la acusación, el perjuicio económico correspondiente a este último hecho alcanzó los **$5.450.000**.

La investigación continúa para determinar el alcance de las maniobras y establecer si existen otras personas que pudieran haber sido víctimas de hechos similares.

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