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La Legislatura suma $650 millones para sueldos

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El Poder Legislativo podrá gastar un 25% más de recursos de lo que tenía previsto para este año.

A través del decreto 3.544/3 (SH), publicado esta semana en el Boletín Oficial, la Casa de Gobierno difundió la transferencia de $ 650 millones a la cuenta destinada a gastos de personal de la Legislatura. Como el presupuesto original del cuerpo colegiado para 2018 alcanzaba $ 2.569 millones, con esta inyección de recursos la capacidad de inversión final en la sede de Muñecas al 900 ascendió a $ 3.219 millones.

El gobernador Juan Luis Manzur -ahora en EE.UU., en misión oficial- habilitó el giro el 17 de octubre pasado, como consecuencia de la ampliación al Presupuesto General de la Provincia que había aprobado dos semanas antes la Legislatura. En una jornada agitada por el multitudinario festejo en el hipódromo por el Día de la Lealtad, el mandatario tuvo margen para firmar los instrumentos a través de los cuales dispuso la distribución de los nuevos recursos provinciales.

A inicios de octubre, tras la sanción de la ley 9.125 por parte de la Legislatura, el Estado provincial sumó $ 9.170 millones, por lo que el Presupuesto General 2018 quedó fijado en un total global $ 76.600 millones.

Mediante el decreto 3.545/3 (SH), también rubricado el Día de la Lealtad, Manzur transfirió lo correspondiente a municipios y comunas por cuatro programas: 1) por coparticipación de impuestos, $ 1.055 millones; 2) por el Fondo de Desarrollo del Interior, $ 594 millones; 3) por el Fondo para Desequilibrios Financieros, $ 35 millones; y 4) por el Fondo para Mejora Institucional, $ 31 millones. El resto del dinero, más de $ 7.450 millones, fueron cargados a la cuenta del Tesoro General de la Provincia. De allí provienen los $ 650 millones para la Legislatura, que equivalen al 7% del total de la ampliación presupuestaria. Aún no se dio a conocer el monto asignado al Poder Judicial de Tucumán.

El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, confirmó que la transferencia permitirá cubrir los aumentos salariales otorgados a partir de las paritarias de este año (el 17% en dos cuotas, más una suma fija) y la reciente aplicación de la “cláusula gatillo” acordada con los gremios, que llevó arriba del 31% el ajuste en los haberes en 2018.

Como los presupuestos originales establecidos para las reparticiones públicas no contemplan las subas salariales, las ampliaciones permiten “nutrir” las cuentas destinadas a los gastos de personal, explicaron fuentes del oficialismo.

No existe, sin embargo, información pública disponible sobre el número de empleados afectados a la Legislatura en general y a cada legislador en particular. Según el diario La Gaceta, la cifra oscila entre 3.800 y 4.000 trabajadores bajo distintas modalidades. Unos 2.200 pertenecen a la planta de permanentes y transitorios (estos cuentan con los beneficios de los primeros en cuanto a cargas sociales, aunque no con estabilidad), y el resto se distribuye en las distintas categorías denominadas “políticas”, ya que los vínculos cesan no bien finaliza el mandato del cuerpo (asesores de despacho, personal de bloque, personal de Presidencia, entre otros).

Al margen de las rendiciones de rigor ante la delegación del Tribunal de Cuentas (TC) afectada al Poder Legislativo, los detalles de las finanzas del cuerpo colegiado se mantienen bajo estricto secreto desde hace décadas. El reglamento interno delega las potestades administrativas en sólo dos figuras: el vicegoberandor y el secretario de Cámara, puesto que desde 2015 desempeña el ex tesorero Claudio Antonio Pérez.

Fuente La Gaceta

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