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Condenan al Estado a pagar $25 millones por un predio que costó $227.000

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Si la sentencia de la jueza Viviana Gasparotti de Yanotti queda firme, el Estado pagará un piso de $ 25,6 millones por un inmueble usurpado en 2004 que un año después la firma El Tuyango SA adquirió a cambio de $ 227.000 o U$S 75.000 de la época.

La suma que fijó la magistrada en favor de la empresa de Ricardo Quintana, ex interventor de la Caja Popular de Ahorros durante el Gobierno de Ramón Bautista Ortega, es sólo el comienzo de la cuenta: al número inicial hay que sumar los intereses calculados con la tasa activa desde septiembre de 2015 y hasta el momento del efectivo pago, y las costas del juicio. En términos gruesos, del fallo surge que la factura a cargo de los contribuyentes pudo haber sido saldada hace más de una década por mucho menos del 10% del valor en juego en el presente.

“El Estado tuvo en sus manos la posibilidad de arreglar la disputa por un tercio de la suma que fijó la Justicia y no lo hizo. Esa opción permaneció abierta hasta hace relativamente poco tiempo, como consta en un expediente administrativo. Es un típico caso de irresponsabilidad de las autoridades y de dilaciones que, luego, terminan saliendo caras a la sociedad”, dijo Roberto Toledo, abogado de El Tuyango SA.

El Poder Ejecutivo, por medio de Juan Pablo Stein y Aldo Cerutti, letrados de la Fiscalía de Estado, objetó por su parte los términos de la demanda, en particular negó que la Provincia haya desposeído del bien a El Tuyango SA, y destacó que la compañía recién registró la compra del predio de casi 9 hectáreas en 2014.

Los abogados de la Fiscalía apelaron, por lo que la revisión de la resolución de Gasparotti de Yanotti está en manos de la Cámara en lo Civil y Comercial de la capital y, en función de los resultados, el litigio podría subir a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Tanto el Tuyango SA como la Provincia anticiparon su intención de acudir eventualmente a la Corte nacional.

Si bien al pleito promovido como una expropiación inversa o irregular le queda mucha ruta judicial por delante, el paso del tiempo siempre jugó en contra del patrimonio colectivo. Este negocio deficitario para el Estado comenzó a gestarse hace 14 años, cuando un conjunto de particulares invadió el terreno ubicado sobre el Camino del Perú al 1.600 en San Miguel de Tucumán (luego barrio “11 de Enero”).

El propietario de aquel momento, Santiago Omar Suárez, logró que la entonces jueza de Instrucción en lo Penal N°2, Emma De Nucci, ordenara el desalojo de los ocupantes, pero la medida nunca fue ejecutada. El 20 de mayo de 2004, Suárez y Antonio Estofán, el ex fiscal de Estado del Gobierno de José Alperovich (hoy vocal de la Corte), acordaron la postergación del lanzamiento por el término de 60 días corridos a los fines de evitar “un problema social” y “por razones humanitarias”.

Según ese convenio agregado al expediente, el Gobierno debía, en el plazo indicado, reubicar a los usurpadores. A esos efectos, asumió los costos de la iniciativa, y la responsabilidad total por la desocupación del inmueble, y por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del acuerdo.

Nada de provisorio

Lo que iba a ser provisorio se consolidó durante las tres gestiones de Alperovich. Y al fin la Legislatura sancionó una ley promovida por el oficialismo, la 8.808, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación al inmueble en cuestión, y que establece la intención de regularizar las parcelas usurpadas.

En el ínterin, El Tuyango SA concretó la adquisición del predio ocupado por menos de $ 250.000, según las escrituras públicas confeccionadas al respecto. Un mes antes de abandonar el Poder Ejecutivo, el ex mandatario promulgó la norma, pero, en la práctica, nada se arregló, y el conflicto pesado y cada vez más oneroso pasó a su sucesor, el gobernador Juan Manzur, que no pudo impedir el pleito.

El 11 de mayo de este año, la jueza Gasparotti de Yanotti dio la espalda a los argumentos del Estado y se ciñó a la Ley 8.808. “Las pruebas acreditan la veracidad de la demanda (de El Tuyango SA) y la desposesión del terreno adjudicada a la Provincia”, dijo en un fallo que cayó como un “cross” a la mandíbula de las arcas públicas.

Fuente La Gaceta

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