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Detienen a un ex funcionario del Instituto de la Vivienda por supuesto enriquecimiento ilícito

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La sede penal de Tribunales estaba casi vacía ayer a las 8.15. Pocas personas circulaban por los pasillos del edificio ubicado en avenida Sarmiento al 400. En un rincón, Miguel Jiménez Augier -ex coordinador de Políticas Habitacionales del Instituto de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu)- esperaba que le tomen muestras de sus huellas dactilares antes de declarar en la Fiscalía VIII. Por momentos parecía incómodo, daba la espalda al pasillo y se cubría el rostro con la mano. Luego, casi con resignación, apoyó las manos en el marco de una ventana y se mostró relajado, masticaba chicle y hablaba con su abogado, Agustín González. Cinco horas después, a las 13.15, estaba privado de su libertad en la Alcaldía de Tribunales.

El ex funcionario del Ipvdu acudió ayer a la Justicia para declarar en el marco de una causa que la fiscal Adriana Giannoni abrió de oficio el año pasado. La investigación inició como consecuencia de un informe que transmitió “Panorama Tucumano” el 12 de julio de 2017, en el que se analizaron una serie de irregularidades en torno del Ipvdu.

Desde que iniciaron las pesquisas, el personal de la Fiscalía VIII solicitó informes a diversos organismos privados y estatales, practicó medidas preventivas en entidades financieras y citó a distintos testigos e involucrados. Finalmente, consideró oportuno requerir a Jiménez Augier y a Lucas Barrionuevo -coordinador de Programas Federales del Ipvdu- que justifiquen el incremento de su patrimonio durante su gestión en la repartición estatal.

Ayer, después de escuchar las declaraciones de Jiménez Augier, Giannoni decidió que permanezca aprehendido y requirió al juzgado de instrucción de turno que autorice el pedido de detención contra el ex coordinador, al que se le imputa el delito de enriquecimiento ilícito. Según fuentes judiciales, esta solicitud fue concedida por el juez de turno y Jiménez Augier deberá ser trasladado a una comisaría. Además, el fundamento de la imputación sería el hecho de que no pudo justificar como, con un sueldo que habría estado cerca de los $ 30.000 mensuales, llegó a poseer autos de alta gama y diversos inmuebles, entre otros gastos.

LA ESPERA. Tras aguardar una hora y brindar muestras dactilares, Jiménez Augier ingresó a la Fiscalía III, en la que permaneció por casi cuatro horas. Foto La Gaceta

En julio del año pasado, el entonces funcionario había declarado ante la prensa que no tenía más ingresos que el salario que recibía del instituto. Meses después, trascendió que tenía cerca de medio millón de dólares en una caja de seguridad a su nombre. Luego de esto el gobernador, Juan Manzur, lo separó de su cargo en el Ipvdu. Sin embargo, hasta hoy conserva su puesto como empleado público y sigue trabajando para el Estado en el área de la obra pública.

Al salir de Tribunales, González comentó que no estaba de acuerdo con la medida que mantiene privado de la libertad a su cliente. Subrayó que el delito que le atribuyen es excarcelable y que Jiménez Augier había cooperado con la investigación. Más tarde, explicó que correspondía al titular del juzgado de instrucción en lo Penal N° 3 -Juan Antonio Pisa- resolver si se confirmaba la detención o si el ex funcionario era liberado. Finalmente, fuentes judiciales deslizaron que el juez correspondiente confirmó la detención de Jiménez Augier.

Otro investigado

Barrionuevo también se hizo presente ayer en tribunales penales. Llegó poco antes de las 10 acompañado por su abogado, Arnaldo Ahumada. El trabajo del coordinador y sus vínculos con empresarios de la construcción fueron otra de las piezas clave en las publicaciones de “Panorama Tucumano”.

En julio del año pasado, Barrionuevo afirmó que no conocía “de antes” a los hermanos Sebastián y Martín Nieva, dueños de la constructora Marán. Sin embargo, se comprobó que el funcionario es tío político de los hermanos Nieva, cuya empresa recibió contrataciones directas del Ipvdu por casi $ 50 millones. Hoy, el coordinador sigue en su cargo pese a que no trabaja desde hace más de un año. Tras el informe del programa de La Gaceta sobre el tema fue suspendido por una investigación administrativa. Vencido el plazo, pidió una licencia por motivos de salud.

Al llegar a Tribunales, Barrionuevo y su abogado tuvieron que esperar casi dos horas hasta que les dijeron que no los recibirían en ese momento. Finalmente fueron citados para hoy, por lo que el funcionario deberá volver a la sede penal de la Justicia provincial para emitir su declaración.

Fuente La Gaceta

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